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Casi cinco años de criminalidad empresarial

El próximo 23 de junio se cumplen cinco años de la introducción en el ordenamiento jurídico español de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cual supuso abandonar la línea seguida por países de nuestro entorno jurídico como Alemania o Italia, y dar respuesta a los numerosos instrumentos jurídicos internacionales que demandaban una respuesta penal clara para las personas jurídicas. Así sería la Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, de modificación del Código Penal la disposición normativa encargada de introducir en nuestro Derecho un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, o dicho de otra forma, introdujo el concepto de criminalidad empresarial.

Con anterioridad a la reforma, se consideraba que, al margen de las personas físicas que conformaban el ente jurídico, nadie podía responder de la comisión de un delito, en tanto en cuanto que en las personas jurídicas no concurrían los requisitos necesarios para apreciar responsabilidad penal, puesto que por sí mismas carecen de capacidad de acción, por motivos obvios, y de capacidad de culpabilidad, ya que ésta exige la presencia de una serie de estructuras biopsicológicas que difícilmente se puede encontrar en las personas jurídicas.

En teoría, tras la reforma antes señalada, y con independencia de la responsabilidad en la que puedan incurrir los administradores societarios, directivos o empleados, aquella Ley Orgánica ha dado carta de naturaleza a que las empresas deban hacer frente a la responsabilidad penal cuando se cometan, entre otros, delitos de estafa, cohecho, cohecho privado, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, el medio ambiente, la Seguridad Social o urbanísticos. Y en función de la gravedad de los delitos, se pueden imponer a la empresa, penas de multa, suspensión de la actividad de la misma, clausura temporal de sus locales y establecimientos, inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas o para contratar con las Administraciones Públicas y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, intervención judicial y, en los casos de extrema gravedad, se podría decretar la disolución de la empresa.

Sin embargo, el hecho de seguir el camino del ordenamiento francés, al introducir la posibilidad del reproche penal a la actuación de las personas jurídicas, también abría una serie de interrogantes que, en parte, fueron solucionados como los relativos al régimen de la competencia de los tribunales, derecho de defensa de las personas jurídicas, intervención en el juicio oral y conformidad, así como su rebeldía.

No obstante todo lo anterior, tras casi cinco años de convivencia jurídica con un sistema de responsabilidad empresarial, su aplicación práctica se ha visto muy limitada, hasta el punto de que la primera condena no se conoció hasta el 11 de octubre de 2012, cuando se dicta una sentencia en la cual se condena a cinco empresas y sus administradores de un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes, ya que el juzgador entendió que se había creado un entramado de empresas dedicadas a la exportación e importación de maquinaria con la única finalidad de introducir en España sustancias estupefacientes. Al margen de esta sentencia pionera que tardó más de dos años en inaugurar la llamada criminalidad empresarial en nuestro ordenamiento jurídico, son anecdóticas las resoluciones judiciales que hasta la fecha han seguido este camino.

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